El eje central de la nueva ley impulsada por el gobierno argentino es la declaración de interés público del servicio y la apertura para uso común de las redes, hoy propiedad de las empresas que las instalaron. Las compañías interesadas en prestar el servicio podrán alquilar, a precio regulado, el uso de las redes. No obstante, el punto que genera más críticas de la oposición es que se permitirá que las telefónicas, verdaderos gigantes en comparación con sus eventuales competidores, brindar todos los servicios, incluido el de cable, posibilidad hasta ahora expresamente vedada por la Ley de Medios, sancionada en 2008.
El proyecto, argumentan en el Gobierno, contempla una serie de regulaciones que impedirán una situación monopólica. En la oposición, en cambio, sostienen que la ley favorecerá el avance de las telefónicas como herramienta de la Casa Rosada para dañar al Grupo Clarín.
El debate sobre "Argentina Digital" fue abierto por el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FPV), quien defendió la iniciativa, al señalar que con el mismo se pretende “profundizar este camino de justicia social con inclusión digital” y que “no hay acceso definitivo a la democratización si no hay acceso libre a las telecomunicaciones”. Para el diputado por la provincia de Buenos Aires, en materia de telecomunicaciones “el Estado juega un rol importante, el papel de tener que regular el control del sistema, y a eso apunta esta legislación”.
Desde la oposición, el radical Miguel Guibergia dijo que este proyecto "modifica peligrosamente las reglas de juego" y se quejó del apuro del oficialismo por sancionar el proyecto al afirmar que el FPV "evitó el debate".
En tanto, la massista Graciela Camaño afirmó que "es necesario actualizar la ley de telecomunicaciones", pero se quejó de que "este cuerpo que representa al pueblo no pueda cumplir con su funcionar de ser cámara revisora" y dijo que "no va a generar competencia ni inversiones" y tiene "contiene facultades delegadas al gobierno anticonstitucionales".
Por su parte, el macrista Federico Pinedo dijo que le pareció "vergonzoso el trámite del proyecto de ley" porque "los representantes del pueblo no tuvimos oportunidades ni derecho de poder los representantes del pueblo incluir modificaciones".
Mediante "Argentina Digital", el gobierno se propone reestructurar los servicios incluidos en el concepto de "Servicio Universal" que deberán tener el mismo precio y la misma calidad en todo el país.
La ley sancionada ayer define como "servicio público en competencia" a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como "última milla" o "bucle local".
Ahora, las TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores. Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), creada por esta ley.
La nueva legislación permite a las telefónicas ingresar al sector audiovisual, aunque mantiene ciertas restricciones para dar TV satelital. Esto significa lisa y llanamente que las telefónicas podrán dar televisión por cable a través de las redes de los cableoperadores, ya que con la nueva normativa se establece que hay una obligación de interconexión "para y entre licenciatarios", a las tarifas que fije el Estado.
La nueva ley declara esas tecnologías como "servicio público esencial y estratégico", y garantiza el "acceso igualitario" de los ciudadanos de todo el país. Pero el eje del debate, que se extendió más allá de la medianoche, fue otro: si la nueva ley favorece la competencia, como sostiene el Gobierno, o si, como asegura la oposición, profundiza la concentración y las situaciones monopólicas.
La postura crítica de ATVC
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que nuclea a los cableoperadores argentinos, denunció que los diputados no recibieron a los representantes de la industria nacional del cable, a pesar de haber solicitado una audiencia. La entidad sostuvo que el Gobierno logró un tratamiento exprés en el que el debate faltó a la cita.
"Las telefónicas se quedaron primero con la red de todos los argentinos y ahora podrán apropiarse del uso de las redes de los privados, en los lugares donde no cumplieron con la obligación de construirlas. La ley solidificará el monopolio, consagrará el derecho a destruir una competencia sana y productiva, y destrozará la pluralidad de voces que se ha edificado en los cincuenta años de historia del cable".
"La norma estará legalizando a un monopolio multinacional en un sector que es estratégico para la nación, para la sociedad, y para las generaciones venideras. La ley es un pretexto para eliminar la exclusión que tienen por 99 años las telefónicas en el mercado audiovisual, establecida por el Decreto 62/90 que les otorgó la concesión y ratificada por la Ley 26522, que ahora se modifica sin debate alguno. El proyecto les concede a estos monopolios internacionales el ingreso a un nuevo mercado sin costo alguno: una nueva conquista que van a sumar a la cerrada exclusividad que ya detentan en la telefonía celular".
"Lo que rodea a la Ley Argentina Digital no resiste análisis: es una intencionalidad absoluta, una decisión de entrega, una negación a pensar en grande y la destrucción del futuro de muchos argentinos y del presente de 40.000 familias".
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