Rafael Correa avala ley de Comunicaciones
El mandatario de Ecuador ordenó publicar en el Registro Oficial la nueva norma, que busca una equilibrar la asignación de frecuencias y acotar la participación del sector privado.
El presidente ecuatoriano aseguró que el proyecto enviado por la Asamblea será aprobado "sin ningún veto esta ley histórica", aseguró el mismo Correa en su programa radiotelevisado, Enlace Ciudadano, en el que informa sobre su gestión. Tras el visto bueno, la ley deberá volver al Congreso, donde fue aprobada por amplia mayoría, para su publicación inmediata en el Registro Oficial.
Precisó en que la nueva Ley Comunicación concibe la información como servicio público, lo cual no quiere decir que dar el servicio sea solo labor estatal, “significa que tiene connotación social y es el Estado el que debe ofrecer las garantías de calidad”.
La normativa establece una redistribución progresiva de las frecuencias de radio y televisión para conceder 34% a medios comunitarios, 33% a medios públicos y 33% más al sector privado (símil a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina), a través de la asignación de las licencias disponibles y la reversión de aquellas obtenidas ilegalmente o con incumplimiento de normas. A la fecha, el 83% las 1.147 frecuencias radiales y 68% de las 548 emisoras de TV abierta aparecen bajo la categoría de comercial privada en la estatal Superintendencia de Comunicaciones.
La nueva ley aumenta a 30 años las concesiones de las frecuencias y también dispone la creación de un Consejo de Regulación, que tendrá un delegado del Ejecutivo no tendrá posibilidad ni de suspender ni clausurar un medio de comunicación, con potestad para sancionar a las empresas que se nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad ulterior, con la finalidad de regular la difusión de contenidos violentos, sexuales o discriminatorios.
Establece que los medios audiovisuales de origen nacional deberán destinar en 5 años al menos el 40% de su programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de producción nacional. Además se prohíbe la censura previa, es decir la revisión, aprobación o desaprobación por parte de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio.
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