El primer mandatario argentino, Alberto Fernández, declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la televisión paga, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020.
En este sentido, las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre, quedando sin efecto los aumentos entre 10 y 15% de los abonos anunciados por las tres mayores operadoras de telefonía móviles del país -Movistar, Telecom Personal y Claro- a partir del 1° de septiembre. “Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, agregó Fernandez en su cuenta de Twitter.
Las compañías de telecomunicaciones no podrán en el futuro aumentar sus precios al usuario sin contar con una autorización previa del Estado. “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, sostuvo el presidente.
Para fundamentar la decisión, Fernández enfatizó: “La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen.”
El texto del DNU establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación (en referencia al Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones) “garantizará su efectiva disponibilidad.”
El investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, consideró que este decreto “hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia” de coronavirus y “repone la noción de 'servicio público en competencia' a las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), que había votado el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones que (Maurico) Macri derogó con un decreto”, sostuvo el especialista en declaraciones a la agencia Télam.
Así se establece que la telefonía móvil, ahora catalogada como servicio público, tendrá planes básicos universales, lo que es razonable dada su imperiosa necesidad para acceder a servicios de salud, educación o al trabajo mismo. Mientras, la telefonía básica en la Argentina ya era un servicio público, incluso privado desde 1990.
Sin embargo, el investigador estimó que “una mesa de diálogo entre el gobierno y los operadores hallará respuestas adecuadas mientras la suspensión de aumentos dure”. Y, citó a modo de ejemplo que "el Gobierno dispuso que el 30% de los aportes al Fondo de Servicio Universal, que deben hacer las empresas, pueda ser justificado mediante inversiones".
Por otro lado, desde más de una década existe una tendencia mundial que considera que el acceso a internet para toda la población debe ser reconocido como un derecho humano. En este sentido, Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una declaración conjunta pidiéndole a los Estados “reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión”.
En los últimos años, países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica declararon, su carácter de servicio esencial y estratégico, que no es lo mismo que considerarlo "servicio público".
Críticas a la declaración
Varias empresas y asociaciones mostraron su preocupación por la medida tomada por el Gobierno argentino, en detrimento de la sostenibilidad de las inversiones.
Grupo Telecom consideró que la decisión del Gobierno al declarar como servicio público las telecomunicaciones es una medida “arbitraria” que puede afectar la “calidad del servicio”. Según una comunicación a los empleados, a la que accedió el medio BAE Negocios,
la compañía sostuvo que se “pierde seguridad jurídica y una variable esencial” sobre el sector como es el precio de “productos y servicios”. Pero que continuarán apostando a “un diálogo constructivo” con el Gobierno.
La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) también plantearon su desacuerdo con el proyecto de ley propuesto en el Congreso de la Nación, acerca de que internet sea un servicio público. “Como ISPs y por experiencia natural, sabemos que no necesariamente la intervención del Estado como regulador conlleva a un servicio de calidad y que el congelamiento de tarifas llevaría a la pérdida de competitividad e imposibilidad de ampliar y renovar equipos con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios”, señala un comunicado de la gremial. Y para la universalidad de conectividad a Internet, requirieron una mesa de diálogo entre el Estado y el sector y “luego ‘reglas claras’ para la compartición de infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales y herramientas de financiamiento”.
En este sentido, GSMA América Latina criticó la medida, ya que modifica “las estructuras de precios en mercados en competencia con una proporción significativa de insumos dolarizados resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías”. Y destacó que “las medidas dispuestas en el DNU van en detrimento de la sostenibilidad de las inversiones, justamente cuando el escenario post pandemia nos desafía a construir sociedades y economías más resilientes a través de más y mejor conectividad”.
Además, esta organización destacó también que la “certidumbre jurídica y la previsibilidad a mediano y largo plazo” son ejes fundamentales para la industria de telecomunicaciones, ya que se trata de un sector que requiere de inversiones intensivas de capital todos los años, para garantizar su actualización tecnológica, niveles de calidad de servicio y la competitividad del país.
“La resiliencia con que las redes soportan el aumento sin precedentes en los volúmenes de tráfico y los cambios en los patrones de consumo es resultado de años de inversiones sostenidas en despliegue de infraestructura, espectro y capital humano calificado”, afirmó la entidad, en referencia al papel fundamental que tiene la tecnología para conectar a las personas en un contexto de pandemia y aislamiento social.
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