La evolución de la conectividad en LATAM, junto a la creciente digitalización de la sociedad, se han visto manchados en los últimos años por la proliferación de distintos delitos, vinculados a la piratería de contenidos on line. Esto representa un problema para la sostenibilidad de la industria del entretenimiento y un riesgo creciente para la protección de los datos de los usuarios.
Bajo esa premisa, la industria en su conjunto se reunió en Buenos Aires para el primer Seminario Regional Antipiratería Telecom 2023, donde especialistas del sector privado y miembros del sistema judicial analizaron los desafíos que presenta esta problemática a nivel latinoamericano.
La apertura estuvo a cargo de Sergio Piris, Gerente Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, quien destacó que la compañía, en su doble rol de proveedor de contenidos y de conectividad, está muy comprometida con este tema desde hace años.
“En Telecom decidimos ser protagonistas en la persecución de la piratería de contenidos. Es por eso que contamos con un área específica que se especializa en esta problemática y, como resultado de un trabajo interdisciplinario interno, hemos logrado desarrollar in house una herramienta de Brand Intelligence que usamos activamente para disminuir este tipo de consumo ilegal”.
En el primer bloque, Pablo García de Castro, director regional para el Cono Sur de ASIET, ofreció un panorama del estado actual del delito, a partir de los datos relevados en un informe realizado recientemente. La investigación muestra que, pese al gran crecimiento del consumo de contenido audiovisual en línea en las plataformas, aún 4 de cada 10 contenidos audiovisuales que se reproducen en Argentina son de sitios pirata.
Mientras, el 70% de los productos que se anuncian en los dominios de distribución ilegal de contenidos está relacionado con sitos y aplicaciones de apuestas.
El segundo panel estuvo dedicado a compartir la experiencia del sector privado en Argentina en el combate a la piratería. Miguel Caruso Manager Research and Development, junto a Carolina Bertola, Coordinadora Antipiratería e Intervenciones Judiciales, compartieron el trabajo conjunto e integral que lleva a cabo Telecom, empresa que integra en su negocio la conectividad y los contenidos.
Francisco Berdaguer, abogado consultor de Red Intercable, comentó la situación de los cables operadores del interior del país, los desafíos técnicos y afectación a las redes y a los usuarios de la piratería y los servicios de IPTV ilegales. En tanto, Estanislao Mezzadri, abogado Litigante de Google, comentó su rol en términos de recomendaciones o desindexaciones de contenidos del buscador, cuáles son las mejores prácticas y cómo trabaja Google para limpiar el link de infractores en las búsquedas.
Luego fue el turno de los desafíos técnicos que plantea esta problemática, Oscar Robles Garay, CEO de LACNIC, realizó una introducción sobre los bloqueos, para qué sirven y cómo se ejecutan. Juan Da Costa, Manager Red de Transporte de Telecom sumó experiencias respecto a la viabilidad y efectividad de las medidas de bloqueos en las redes, los costos que representa para las empresas víctimas del delito, beneficios e implicancias de este tipo de medidas.
El tercer panel hizo foco en la experiencia de Uruguay, con el aporte de Virginia Cervieri Monsuarez, abogada especialista en derecho de marcas y antipiratería y Presidenta de la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (CALPYC) de ese país; Juan Andres Lerena, Asesor legal de la Asociación Nacional de Broadcasters uruguayos – ANDEBU; y Diego Carbone, especialista en derecho penal y criminología.
El cuarto y último panel estuvo dedicado a la participación de miembros del ecosistema institucional, y se centró en las herramientas de la Justicia para combatir la piratería, con una mirada jurídica y legislativa.
Contó con la participación de Nicolás Novoa, Presidente del Comité de Derecho Autor de la Asociación Internacional de Radiodifusión; Alejandro Nobili, Juez titular a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 11 de Ciudad de Buenos Aires; y Federico Villalba, Fiscal penal en Ciudad de Buenos Aires, profesor en la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, capacitador por la OMPI y de diversos órganos judiciales de América Latina.
Entre las conclusiones generales del Seminario se destacaron los siguientes conceptos:
Resulta necesaria la adopción de nuevas leyes de parte de los gobiernos y legislaturas.
Creación de fiscalías especializadas en Propiedad Intelectual a los fines de lograr una reducción en los tiempos de las resoluciones judiciales.
Se requiere una articulación entre el sector privado, principal perjudicado por las prácticas ilegales, y el ecosistema legislativo-judicial para ahondar en la persecución de este delito, y la adopción de regulaciones y leyes que se adapten a la evolución tecnológica, pero que también sancionen la promoción/publicidad de quienes forman parte en la cadena de producción de estos canales.
Adoptar buenas prácticas en cuanto a la sensibilización y concientización de cara a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios ilegales
Reforzar la cooperación entre actores de la región, a fin de facilitar la elaboración de estrategias conjuntas para apoyar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico y económico.
Abordar los desafíos en materia de gobernanza del sistema de Propiedad Intelectual, mediante la formulación de políticas innovadoras, basadas en las mejores prácticas, para promover modelos de negocios respetuosos de los derechos de propiedad intelectual.
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