07.07.2021 | Newsline Report | Negocios

Durante la sesión, también se establecieron los criterios que deberán seguir las entidades estatales al momento de contratar espacios publicitarios en los medios de comunicación privados. De acuerdo a la norma, las entidades estatales deberán priorizar la contratación con los medios de comunicación que operan en distritos, provincias y regiones que tengan no menos del 50% de programación local con el objetivo de garantizar el derecho del usuario a acceder a la difusión de la publicidad estatal.

Con esta iniciativa se busca que todos los peruanos pueden tener la información institucional del Estado sin discriminación y sin privilegios injustificados hacia medios de comunicación”, según Luis Carlos Simeón (Acción Popular), presidente de la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

 

A su vez, la modificación establece que, en caso los medios de comunicación tengan una deuda con el Estado, se podrá destinar parte del valor de la publicidad al pago de la obligación a través de una retención ante la Sunat por concepto de tributos, o ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “por concepto de canon y otros”.

 

Jorge Baca-Álvarez, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), considera positivo que se fomente la contratación de medios locales, pues incentiva la formalidad. Sin embargo, dijo esperar que el Ejecutivo observe la norma, con la finalidad de que el Congreso pueda corregir algunas falencias. Entre ellas, que no se han establecido “criterios técnicos y claros” que rijan la contratación, indispensable para que la información estatal alcance a la mayor cantidad de personas posible.

 

En cuanto a la posibilidad de que el Estado se cobre parte del pago de la publicidad a través de las deudas tributarias de los medios, Baca-Álvarez manifestó que la norma debe ser modificada para que se trate únicamente de obligaciones “vencidas y exigibles”. “Podría darse que una empresa ha entrado en un proceso de fraccionamiento de la deuda, o que ha apelado. Todos tienen el derecho a apelar. Por eso, (la norma) merece la aclaración de que se trate de deudas vencidas y exigibles”, dijo.

 

En octubre del 2018, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley del Congreso disuelto, promovida por el entonces parlamentario Mauricio Mulder, que prohibía la publicidad estatal de las entidades públicas en los medios de comunicación privados. Baca-Álvarez recordó que el intérprete supremo de la Constitución estableció que la libertad de expresión “incluye el derecho a la información, y el derecho a la información es la obligación que tiene el Estado de comunicar”. Por ello -señaló- debe garantizarse que la información estatal tenga el mayor alcance posible.

 

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