Durante alrededor de una década, el gobierno de Costa Rica no ha llevado a cabo de forma oportuna los procedimientos necesarios para promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico y ponerlo a disposición de los operadores móviles, lo cual ha provocado un retraso en el desarrollo de la tecnología 5G. Así lo concluyó la Controlaría General de la República en un informe en el que examinó la gestión del espectro que ha realizado el Ejecutivo a través de la Rectoría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
El análisis advirtió que la Rectoría ha implementado acciones deficientes para permitir el despliegue de las redes 5G. Dado que este espectro se encuentra en desuso, especialmente las bandas de 2.6 y 3.5 GHz, el gobierno debía adelantar su recuperación para lanzar una subasta 5G. Sin embargo, no logró concluir esa tarea a lo largo de más de 10 años, retrasando el lanzamiento comercial de 5G y el despliegue de nuevos servicios. Además, en algunos casos el órgano rector prolongó por mucho tiempo la toma de decisiones y no atendió en absoluto las recomendaciones de la Sutel y otros departamentos.
Se calcula que un atraso de hasta cuatro años en la puesta a disposición del espectro radioeléctrico tiene un impacto negativo en el PIB equivalente a entre 4 mil 582 millones a 7 mil 364 millones de dólares, además de efectos en la profundización de la brecha digital, lo cual impacta en mayor medida a las zonas rurales.
Por otro lado, la Contraloría determinó que el gobierno no ha llevado a cabo las acciones necesarias para la actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Tampoco se cumplió con el programa y la meta de uso de bandas de frecuencias (890 MHz) para el despliegue de servicios 5G que establece el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021.
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