El Gobierno mexicano tiene la intención de cerrar varios organismos autónomos, entre los que aparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Así lo manifestó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que enviará la iniciativa al senado para eliminar diversos entes para sean absorbidas por otras secretarías del estado y así ahorrar miles millones de pesos.
El IFT ha respondido con un extenso comunicado en el que resume algunos de los resultados desde su creación, y asegura que su desaparición debilitaría la democracia del país, e implicaría reformas a la Constitución y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en donde se establece que el instituto de telecomunicaciones debe ser desconcentrado del gobierno.
“La autonomía constitucional del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica, ajena a intereses económicos y políticos, lo que ha permitido no sólo trascender gobiernos o presiones de agentes económicos, sino generar beneficios puntuales para toda la población”, exclamó en un comunicado el regulador, creado por una demanda social para que la población tuviera acceso a un mayor número de medios de información, más y mejores servicios en un entorno de competencia y certidumbre en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En tan solo 7 años desde su creación, las diversas acciones regulatorias a cargo del IFT se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de poco más de MXN 540 mil millones (unos USD 26,7 mil millones). “Esto significa, que por cada peso que se destina al Instituto para su operación, la labor de este órgano regulador genera 47 pesos de beneficios a la sociedad mexicana”, argumentó el organismo.
Además, el IFT ha contribuido a la apertura de una nueva cadena nacional de televisión, la ampliación de la cobertura con redes 4G que ahora llega a zonas donde vive el 90,8% de la población y el apagón analógico. Recientemente además dictó las nuevas medidas para el agente preponderante, como parte de una revisión que se hace cada dos años.
“Desaparecer o minar la autonomía de los Órganos Constitucionales Autónomos, como el IFT, es debilitar al Estado mexicano, su especialización y rigor técnico. Representa, además, un retroceso en la construcción de la democracia en nuestro país y vulnera los compromisos asumidos en el T-MEC”, señaló el IFT.
Tanto el ejercicio de su presupuesto como todas sus resoluciones, disposiciones técnicas y votos, incluso agenda de reuniones de Comisionados y directivos del Instituto, son públicas y están sujetas al escrutinio de los mexicanos. La transparencia y rendición de cuentas ha sido un eje rector en las acciones y decisiones del Instituto.
El regulador hizo un llamado a tener un "diálogo abierto" y dijo que está abierto a que se haga un análisis "serio" sobre la labor del órgano, uno en el que, pide, se haga un reconocimiento de los resultados y se identifiquen también tareas que deban mejorarse.
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