El valor de la transacción fue de 3,7 millones de soles peruanos —unos 900.000 euros al tipo de cambio actual—, una cifra simbólica considerando que la operación implica también la asunción de una deuda superior a los 1.200 millones de euros.
La venta se oficializó en un comunicado enviado por Telefónica a última hora del domingo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde se aclara que el precio fue fijado “considerando la situación de Telefónica del Perú y el contexto del acuerdo alcanzado”.
La filial peruana de la compañía atravesaba una delicada situación económica y, en febrero de este año, solicitó voluntariamente ingresar en un procedimiento concursal, actualmente en trámite ante Indecopi, el organismo estatal encargado de supervisar procesos de insolvencia y competencia.
La operación también contempla la adquisición por parte de Integra Tec de los créditos financieros otorgados por Telefónica Hispam a Telefónica del Perú. Además, se ha comprometido a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el 0,7% restante del capital, en manos de accionistas minoritarios.
Ambas partes acordaron mantener disponible para Telefónica del Perú un crédito no dispuesto por 1.549 millones de soles (unos 370 millones de euros), otorgado por Telefónica Hispam al solicitarse el concurso de acreedores. Los desembolsos pendientes de ese monto serán realizados en forma compartida por Telefónica Hispam e Integra Tec, según confirmó la filial peruana.
Esta venta forma parte de una estrategia más amplia de Telefónica para reducir progresivamente su exposición en Hispanoamérica, región donde la compañía ha enfrentado diversos retos regulatorios, económicos y operativos en los últimos años. La operación en Perú es la tercera desinversión reciente en la región, tras las ventas de sus filiales en Argentina (por 1.200 millones de euros a Telecom) y en Colombia (por 367 millones de euros a Millicom).
Con este movimiento, Telefónica se asegura también el cobro y cierre de la operación al amparo de la legislación peruana, la cual estipula que cualquier condición impuesta por el gobierno local o los reguladores será responsabilidad del comprador.
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