Esta negativa para que se deje sin efecto la prórroga de la cautelar decidida el jueves pasado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial deja otra vez mal parado al Gobierno de Cristina Kirchner. A raíz del fallo de esa Cámara –muy cuestionado por el kirchnerismo– se mantiene en suspenso la aplicación de dos artículos de la ley de medios que, según el Grupo Clarín, son inconstitucionales.
La decisión de la Corte sorprendió a pocos: el recurso de 'per saltum' se utiliza en relación con fallos de primera instancia. “Ello determina su improcedencia”, se afirmó en la resolución. Es decir, el Gobierno debería haber recorrido otro camino, que es el de apelar a la Cámara la prórroga de la cautelar.
Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos
Fayt estuvieron reunidos durante toda la mañana en el cuarto piso del Palacio de Tribunales donde evaluaron la presentación realizada por la Jefatura de Gabinete. Al mediodía, la reunión fue interrumpida, lo que motivó la especulación respecto a que la decisión sobre aceptar o no el 'per saltum' se postergaría. Estos comentarios daban cuenta de la persistencia de diferencias entre los integrantes de la Corte, sin que pudieran confirmarse estas versiones. Sin embargo, por la tarde volvieron a reunirse todos los ministros y la resolución fue firmada por unanimidad.
También ayer, la Corte rechazó el pedido de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca) para que declare la nulidad del fallo de la Cámara Civil y Comercial. El organismo que preside Martín Sabbatella había invocado “la presencia de un escenario de gravedad institucional del que deriva un estado de privación de justicia”.
Luego de este revés judicial, al Gobierno le queda la posibilidad de elevar el llamado “recurso extraordinario” ante la Sala I de la Cámara para llegar a la Corte Suprema o presentar “una queja” ante el máximo tribunal si la Cámara rechaza aquél. El caso llegó a la Corte después de que la Sala I de la Cámara hiciera lugar al pedido del Grupo Clarín de postergar la cautelar “hasta tanto haya una sentencia definitiva” sobre la controversia de fondo, es decir, si los artículos cuestionados por Clarín son o no constitucionales. Esta decisión debe ser tomada por el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, a quien la Corte le pidió celeridad.
El Gobierno nacional había anunciado el 7-D como el fin del plazo para que los grupos empresariales audiovisuales entreguen de manera voluntaria sus planes para adecuar sus estructuras al nuevo marco jurídico. Al menos con el Grupo Clarín, lo proyectado desde el oficialismo no se cumplió.
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