En el sector audiovisual, la logística de distribución de la producción intelectual nunca ha sido tan diversa como en la actualidad: los canales de suscripción son variados y las opciones de streaming innumerables. Para proteger este valioso activo, los propietarios, operadores y distribuidores de contenido se han esmerado y se han equipado con tecnologías de vanguardia para ofrecer cada vez más a los espectadores contenido de calidad de manera segura. Esta sofisticación, sin embargo, también es perseguida por aquellos que, ilícitamente, buscan lucrar en este mercado.
La dinámica que implica la infracción de derechos de autor se describió recientemente en el informe Money for Nothing y señaló que hay varios niveles de vendedores de IPTV mediante suscripción pirateada, desde minoristas que venden el servicio directamente a los consumidores, hasta mayoristas que a menudo se organizan en grupos para robar contenidos y desarrollar ofertas, publicitados en redes sociales y páginas web.
El negocio que brinda un rápido retorno financiero es un terreno fértil para el crimen organizado, y es el objetivo de líderes de la industria audiovisual y empresas de tecnología, quienes reúnen esfuerzos para integrar acciones colectivas que podrían resultar en bloqueos de IP y detenciones policiales.
Un protagonista de este desafío, tan importante como las tecnologías de seguimiento para prevenir y combatir la piratería, es el consumidor. Sin ese vínculo, la actividad criminal de los piratas no prospera. De ahí, precisamente, la necesidad de concientizar sobre quién puede contribuir a romper esta cadena, eligiendo no comprar contenido pirateado.
Consumidor consciente
Socialmente, la piratería es una práctica aceptada por muchos, que consideran que la violación de los derechos de autor está relacionada únicamente con el autor de la propiedad intelectual o con los grandes productores que no tienen una preocupación en materia financiera. Para llegar a la conciencia del consumidor, y evitar que no sea un eslabón de la piratería, este es el primer mito que hay que deshacer: el copyright es mucho más dañino que eso, porque su violación impacta directamente en la economía del país.
En el mundo real, es necesario comprender que los productores, operadores y distribuidores de contenido tienen un poder económico distinto y que las consecuencias de la acción pirata también las sienten indirectamente las personas involucradas en esta industria. Como ejemplo, según el Consejo Nacional de Lucha contra la Piratería de Brasil, se estima que allí 2,2 millones de trabajadores ya no son absorbidos por el mercado laboral, como asalariados formales en el área de producción y comercialización, debido a la piratería.
También es notorio que la piratería alimenta delitos como el contrabando, el tráfico, la evasión fiscal, entre otros ilícitos, e incluso se refleja en las condiciones de vida de la población, cuando el impuesto que ya no se recauda no regresa a la sociedad.
Además, la piratería afecta al consumidor del propio servicio ilícito. Debido a que no proviene de una fuente confiable, el acceso ilegal al contenido puede ser una puerta de entrada a ataques e intrusiones que comprometen los equipos de los usuarios o los hagan vulnerables a infecciones de malware.
Si bien los precios bajos son atractivos, las alternativas ilegales renuncian a la calidad y seguridad de los servicios. Y en manos del pirata, el consumidor se convierte solo en un medio de explotación y monetización, que hoy alimenta una industria criminal de miles de millones de dólares. Por estas razones, el contenido ilegal no puede considerarse inofensivo.
Los consumidores son componentes clave en el proceso de lucha contra la piratería y esto es ampliamente reconocido por la industria. La buena noticia es que ellos no están solos, a merced de los piratas. Otras partes interesadas, como los gobiernos, la industria audiovisual, los proveedores de servicios, los proveedores de tecnología, los productores y los propietarios de contenido, están trabajando juntos para evitar que los piratas y sus servicios ilícitos aparentemente legales los embosquen.
Con este objetivo, la industria audiovisual invierte en tecnología: para integrar sus fuerzas en el enfrentamiento y brindar seguridad al consumidor. Los servicios antipiratería basados en inteligencia son capaces de identificar y rastrear fugas, ayudar a eliminar los servicios infractores, llegar a piratas y desmantelar organizaciones criminales.
Hoy en día, hay una serie de tecnologías disponibles para detener servicios pirateados y bloquear IP, sitios web, acceder a servidores específicos y redirección de DNS. Las marcas de agua forenses también se destacan en esta estrategia de defensa contra los piratas. Funcionan como una firma digital invisible que diferencia la entrega de contenido a cada consumidor. Esta característica permite el seguimiento de cualquier redistribución ilegal y se utiliza con éxito para identificar filtraciones, desactivar dispositivos con filtraciones y favorecer la acción de las autoridades en la lucha contra la delincuencia; esto, con el fin de neutralizar la piratería en su origen.
Teniendo al consumidor como un aliado será cada vez más difícil para los piratas operar y el beneficio será recíproco entre todos los agentes del orden.
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