En el Conrad Hotel de Punta del Este (Uruguay), donde se realizó la 11° edición de Punta Show, se abrió una nueva polémica sobre el proyecto de ley poniendo en énfasis en la falta de reglas sobre Internet y el monopolio de la banda ancha en manos de la estatal ANTEL.
Tras el almuerzo auspiciado por el operador Punta Cable, la presidenta de Grupo Isos, María Soto, encabezó el acto de apertura y posterior corte de cinta del evento, que habilitó la exposición comercial, donde destacó que Punta Show ofrece a “los operadores de la región necesitan un espacio de intercambio de ideas, la discusión de políticas de telecomunicaciones y la generación de nuevos negocios, en un mercado que nos ofrece muchas oportunidades pero que nos exige ser cada vez más competitivos”.
En este sentido, el presidente de CERTAL y Canal U, Pablo Scotellaro, señaló que el desafío es la unidad del sector de las telecomunicaciones, sumando a todas las entidades gremiales, para “negociar en conjunto” y haya “un el mayor grado de desarrollo”, evitando “el interés de la empresa sobre el interés general”. También marcó que un problema que enfrenta la industria es el de monopolios, que en algunos casos son más fuertes que los de derecho, como “el caso de derechos de fútbol en que los cableoperadores deben pagar alrededor de un 20 o 30% del presupuesto de programación para distribuir estos contenidos”.
En un año donde el tema central en telecomunicaciones uruguayas tendrá como eje la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el presidente de ANDEBU (Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos), Pedro Abuchalja, señaló que por primera vez se regulan los contenidos del Uruguay. “Cuando se intenta reglamentar una sociedad, se sabe cómo se empieza pero no cómo termina. La libertad es un valor que no se puede medir en valores, ni en condicionamientos (…) algunos saben lo que es condicionar a los medios de comunicación, que no tienen solo la responsabilidad de luchar por la libertad de prensa y contenidos. La libertad de los medios de comunicación es para la sociedad para informar lo que está sucediendo”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Walter Burzaco, sostuvo que en Argentina se elaboró la ley desde la academia y no consultaron a la industria desde hace 50 años en el país.
El Prosecretario de la presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, cerró el acto de apertura destacando que el proyecto de la nueva ley “tiene elementos centrales: respeta tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión” pero para lograrlo debe “garantizar la diversidad y capacidad que su voz sea escuchada”. Por eso insistió que en crear instrumentos para que haya una “enorme diversidad de voces en los medios de comunicación” con reglas claras que eviten la concentración en pocas manos, que quitan estas posibilidades, y respetando los derechos de libre empresa. “Debemos buscar los mecanismos para garantizar la libertad de expresión para su más amplia expresión porque es de todos”, afirmó.
Además, el funcionario agradeció a los emprendedores del sector que hacen un gran esfuerzo para integrar contenidos locales, principal valor destacado por el actual gobierno. “Generar contenidos nacionales y locales es básico para esta industria pero también para que pueda ocupar que merece el contenido nacional” sentenció.
También participaron del acto diversas autoridades, entre ellas, el Secretario General de TEPAL, Humberto García Ferro ; el presidente de Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez; el presidente de RAMI (Asociación de Radios del Interiror), Miguel Pose, y el presidente de FOX International Channels Latin America - Región de Sur, Sergio Veiga.
El foco en el proyecto de ley
La primera conferencia del show, “Política de Estado en Materia de Telecomunicaciones de cara a un nuevo gobierno”, tuvo la presencia de representantes de partidos políticos uruguayos. La nueva reglamentación puede ser discutible pero perfectible, especialmente escuchando a los actores de la industria para entender su esfuerzo mancomunado y el negocio.
En materia de políticas de telecomunicaciones, el nuevo marco normativo intenta responder a las necesidades de la sociedad, fundamentalmente en basándose en el respeto irrestricto de la libertad de expresión e información pero no debe darle la espalda a los avance y dinamismo tecnológico que inciden en la sociedad. La representante del partido Nacional, Analía Piñeyrúa, dijo que el proyecto de ley es la antítesis de lo que está haciendo en el mundo desarrollado construyendo un “retrógrado intento para frenar el desarrollo de las telecomunicaciones” e “imponer limitaciones”.
Sin embargo, Carlos Varela, legislador representante del Frente Amplio, manifestó que crearon “un tapiz de opiniones, con el desafío de la transformación de los marcos normativos para adecuarlo a la realidad del sector, en el marco de un proceso de ampliar las libertades de informar”. Señaló que hay aspectos en el proyecto de ley que necesariamente deberá ser revisado en la cámara de senadores como por ejemplo en el órgano regulador URSEC para establecer garantías a todas las partes o la distribución de la pauta oficial que actualmente “perjudica a los medios del interior”.
Manifestó que el proyecto no incorporó Internet porque no encontraron antecedentes sobre una ley internacional regulatoria pero es la “puesta que se abre al presente y futuro con mayor potencialidad”, advirtió. Varela sintetizó que regular la industria no debe entenderse como censura a la libertad de expresión, garantizando los derechos a los ciudadanos y con un espíritu democrático.
Por su parte, el representante del Partido Independiente, Iván Posadas, también manifestó su posición contraria a la ley, estableciendo que carece de regulación total de las telecomunicaciones, como por ejemplo Internet, argumentando que este mercado migra hacia el tráfico por banda ancha y telefonía móvil, tras la caída de la telefonía fija y sms. Indicó que hay que revisar la “posición dominante de la estatal Antel en fibra óptica” que está en contraposición con la ley de promoción y defensa de la competencia, siendo juez y parte. Criticó la intervención del estado directamente por medio de la URSEC, que cumple roles de operador, fomento y regulador, y propuso regular por medio de un ente autónomo. Además planteó inversiones en redes inalámbricas para instalar 4G y LTE, neutralidad de la red, brindar portabilidad numérica y permitir a los cableoperadores ofrecer servicio de acceso a Internet.
El senador y precandidato presidencial del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, manifestó coincidencias con Posadas al sostener que este proyecto de ley “no se adapta al cambio, momificando una situación” y trata de “regular una parte (TV abierta, TV paga, radio, señales de TV locales), perjudicándola, y dejando “la más importante afuera”, ya que “no tiene en cuenta Internet”. Criticó el establecimiento de una cuota mínima de producción local porque exige al sector, “desconociendo la existencia del control remoto”, y el monopolio de Antel, que según el parlamentario “afecta la neutralidad de la red” y para esto propone dividir la esta empresa en infraestructura, cobrando peaje para financiarse, y servicios. Apelo a abrir la competencia en telecomunicaciones y, además, criticó que no exista en Uruguay el Triple Play.
Uruguay a la vanguardia en telecomunicaciones
El subsecretario de Industrias, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, indicó que Uruguay está posicionado como líder indiscutido en la región en las áreas de comunicaciones, libertades y del desarrollo de la comunicación de avanzada. “El país está posicionado en los principales lugares de índice en democracia, libertad económica, etc. Pero en concreto está posicionado dentro de las telecomunicaciones de la información como líder en Latinoamérica según datos objetivos medidos por organismos internacionales como Naciones Unidas, ascendiendo al 47° puesto a nivel mundial”, manifestó.
Sin embargo, el número más significativo es que Uruguay alcanzó el cuarto puesto a nivel mundial en velocidad de bajada de Internet, detrás de Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. “En 2005/06 teníamos un velocidad menor a los 2 Mbps y hoy estamos por encima de los 20 Mbps”, figuró.
Más allá de las críticas al monopolio de Antel, las cifras demuestran que están ubicados en la región con los menores costos de acceso a la banda ancha. “Las críticas al monopolio de Antel quedan una discusión del pasado y debemos ver los resultados obtenidos gracias al liderazgo del Estado y sus empresas públicas, que en este caso son un motor de desarrollo y la gestión de gobierno que lo hacen posible”, opinó el funcionario. La empresa estatal garantiza comunicaciones de calidad y última generación, además de articular con actores privados del sector para generar una adecuada economía de escala y administración de los recursos, proyectos y productos para que se puedan acceder a esas carreteras de la comunicación.
Uruguay cuenta con el 62% de hogares con conexión de banda ancha fija pero plantean el acceso universal de banda ancha. También están desarrollando LTE que ya tiene una cobertura del 75% de las capitales departamentales. Una de las políticas a desarrollar para el gobierno es consolidar el proyecto ‘Uruguay digital’, culminar el despliegue de fibra óptica al hogar, desarrollar más la banda ancha de cuarta generación con LTE y llevar la digitalización a la televisión abierta.
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