Las principales empresas telecomunicaciones del país han emitido su posición negativa ante lo que creen insuficiente el aumento del 5% a los servicios TIC y el DNU N°690/20 que declara a la telefonía e Internet como servicios públicos. Según las compañías esto cambió drásticamente las reglas de juego y destruye la economía del sector.
Tras la resistencia del sector al decretar a la industria en la categoría ‘servicio público esencial en competencia’, luego de la autorización de los nuevos aumentos, Movistar indicó en un comunicado que se trata de ‘una actualización desactualizada’, ya que el incremento de precios “resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria”.
“Dicho porcentaje está muy por debajo de la inflación relevada por el INDEC durante los últimos 12 meses; por lo tanto está desactualizado, y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector", argumentó la empresa española, ya que los aumentos de las comunicaciones quedaron 16 puntos por debajo de otros servicios registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), “e incluso, hasta más de 20 puntos por debajo de la media de este índice”, sostuvo Telefónica Argentina.
Por su parte, Telecom Argentina advirtió que el Gobierno está ‘destruyendo’ a las empresas de telecomunicaciones, “eliminando incentivos para la innovación y la competencia”, señaló en un comunicado.
Con la reglamentación del DNU que determina un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, telefonía celular, TV por suscripción e internet se “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.
En la misiva se sostiene que la telefonía móvil prepaga (60% de las líneas) y la telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios el último aumento fue en marzo del 2020 y la inflación a diciembre fue del 30%. “Los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes y más de 700.000 clientes mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete (7) facturas impagas. Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena”, advierten.
“Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, expresó Telecom.
La empresa reafirma que el sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país.
En la víspera el Gobierno nacional aprobó incrementos del 5% para las telecomunicaciones y anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de un plan básico universal obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet fija y tv por suscripción con un precio a partir de ARS 150.
Luego de un año con una inflación superior al 30% y una revaluación del tipo de cambio (dólar) de un 39%, el ajuste de precios entre el 5% (compañías con más de 500 mil clientes) y 8% (cooperativas y Pymes) autorizado por el gobierno no es un ajuste técnico que considera la evolución de los costos en moneda nacional y extranjera. Esto no solo puede afectar la rentabilidad sino estos proveedores invierten menos o no invierte, y la consecuencia esperable es la reducción en la calidad del servicio.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini, agregó que, si bien puede haber buenas intenciones, la medida no está bien hecha. "Es una mala noticia. Esto no es la reglamentación sino una fijación de precios. Está hecho a las apuradas y no tiene en cuenta que el sector no es monopólico", afirmó, en declaraciones al programa radial Toma y Daca.
La Cámara Argentina de Internet (CABSE) aseguró que “un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores, pone en riesgo la subsistencia de muchas pymes y cooperativas” del sector.
En el comunicado, la cámara sostuvo que el nuevo programa obliga a las empresas a “vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista)”.
“Las pymes y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida”, señalaron. Sin embargo, CABASE reconoció como un “paso en la dirección correcta” a la “regulación asimétrica” que estableció el Enacom, al sostener que “es un buen primer paso para tener una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado del de los grandes operadores”.
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