El decreto del Poder Ejecutivo fue firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman. La decisión fue tomada por razones de “ilegitimidad”.
El fallo judicial a que se refiere había legitimado la autorización otorgada por la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones de Uruguay (URSEC) en octubre de 2008, que otorgó licencia de comunicaciones Clase D a Flimay S.A (Claro) para la prestación de servicio de televisión para abonados, expresa la resolución fechada el 10 de mayo y difundida este domingo en Montevideo.
Claro contemplaba comenzar operaciones en los próximos meses en el sistema referido, lo cual no era visto con buenos ojos por los canales privados, ya que temían no poder competir con la política de precios del gigante de las comunicaciones, propiedad del mexicano Carlos Slim.
Según la agencia AP, entre los motivos señalados por las autoridades como desencadenantes de la revocación del permiso se destaca que se desconoce la “identidad” de los titulares de Flimay S.A.
El desembarco de la multinacional en la industria de televisión paga de Uruguay es fuertemente resistida por las empresas locales, que temen no poder competir con los precios manejados por la gigante de las telecomunicaciones.
Horacio Alavarellos, Gerente General de Claro Uruguay, declaró que “el Tribunal de lo Contencioso haya llegado a una resolución, habilita a la empresa a realizar juicios por daños y perjuicios de 2008 hasta ahora”.
En Uruguay, Claro ocupa el 16% del mercado con unos 800.000 servicios de telefonía móvil, según datos oficiales a diciembre de 2012.Por su parte, la estatal uruguaya de telecomunicaciones Antel lidera el mercado con 2,34 millones de móviles, lo que representa un 47% del mercado, mientras que Movistar ocupa la segunda posición con el 37%.
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