La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), expresa su rechazo ante la reciente decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre el esquema para la transferencia de personal que reduce la independencia entre Telmex-Telnor y las empresas mayoristas, necesaria para que la separación funcional cumpla con su objetivo de garantizar el acceso a la infraestructura del preponderante.
Como parte del proceso de separación funcional, el pleno del IFT resolvió el pasado viernes, permitir la figura de prestación de servicios como parte del hito de transferencia de empleados de Telmex-Telnor, a las empresas mayoristas. A diferencia de la figura de sustitución patronal, la prestación de servicios implica la continuidad de un vínculo laboral entre los trabajadores de las empresas mayoristas y Telmex-Telnor, que podrá mantenerse como su verdadero empleador.
La separación funcional surge como una medida para reducir los incentivos de las empresas Telmex-Telnor, de proveer un acceso preferencial a su infraestructura a Telcel, sobre sus competidores. Esta medida regulatoria, llevó al IFT a la correcta decisión de separar a empresas minoristas (Telmex-Telnor) de las nuevas empresas mayoristas. Por lo tanto, romper completamente el conflicto de interés a todos los niveles entre empresas minoristas y mayoristas, es la clave para que la separación funcional pueda tener resultados efectivos, en términos de competencia.
Los operadores de servicios de telecomunicaciones afiliados a CANIETI, consideran que la decisión tomada por el IFT genera incertidumbre en el proceso regulatorio, además de contraponerse a las prácticas internacionales. Por ejemplo, en el caso de la separación llevada a cabo en el Reino Unido, el regulador Ofcom prohibió el esquema de prestación de servicios que en México el IFT ha decidido permitir. En aquel caso, los compromisos de British Telecom (BT) incluyen esta prohibición y establecen que cualquier excepción a este punto requiere autorización previa del regulador británico. Nótese que en el caso británico se han respetado plenamente los derechos laborales de los trabajadores de BT, por lo que permitir la figura de prestación de servicios en el caso mexicano no es necesario para la defensa de los derechos de los trabajadores, mientras que sí atenta contra la independencia entre las empresas, sosteniendo en el tiempo los incentivos para que continúe la discriminación en el acceso a la infraestructura del preponderante.
Tras la reciente decisión del IFT, se hace patente una vez más la necesidad de que un representante de la industria participe de manera puntual y permanente, en el proceso de separación funcional, tal como lo establecen los estatutos sociales de las empresas mayoristas aprobados por el IFT, en 2018. En su momento, las negociaciones en torno a la separación funcional se llevaron a cabo a puerta cerrada, sin observador independiente alguno.
Esta resolución se suma a una serie de determinaciones que ha tomado el IFT, que impactarán en la reducción de la asimetría regulatoria entre el agente económico preponderante América Móvil, y el resto de las empresas. Esta reducción avanza mucho más rápidamente que la disminución en la concentración del mercado. Es decir, el mercado ha mostrado señales que justifiquen ir cerrando la brecha regulatoria entre el preponderante y sus competidores. Las telecomunicaciones en México, siguen siendo dominadas por un gigante que concentra 6.5 de cada 10 usuarios.
Estas recientes decisiones del IFT preocupan de cara a la revisión de la efectividad de las medidas de regulación asimétrica y a las siguientes etapas del proceso de separación funcional de Telmex. Es imperativo avanzar hacia la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones, en beneficio del consumidor final.
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