La sociedad controlante de Telecom y Personal, Sofora, comunicó a los directorios de esas empresas, a la Bolsa y a las autoridades regulatorias que hará una reorganización societaria que incluye la salida del grupo Werthein. Tras ese proceso, Fintech Telecom queda con el control absoluto de la firma telefónica argentina al tener la totalidad del capital accionario de Sofora.
La carta comunica que la empresa amortizará las acciones de W de Argentina Inversiones -firma de la familia Werthein- "en los términos del Art. 223 de la ley general de sociedades", en dos tramos: primero un 17% y luego el restante 15% para completar el 32% que los Werthein tienen en la sociedad que controla Nortel Inversora (54,74% pertenece a Sofora y el 45,23% cotiza en la Bolsa), controladora de Telecom y Personal. Según la ley, la amortización de las acciones requiere "una resolución previa de la asamblea" que debe fijar "el justo precio y asegurar la igualdad de los accionistas": un valor acordado entre Martínez y Werthein, que podría definirse en mayo próximo o junio.
Aunque a principios de 2016 se especulaba con una posible fusión entre Telecom y Cablevisión (cableoperadora del Grupo Clarín, en la que Fintech controla el 40%), eso finalmente no ocurrió. Ahora, con un accionista en común -algo que muchos especialistas en regulación del sector cuestionan-, ambas empresas se alistan para competir en un mismo mercado convergente de telefonía fija y móvil, banda ancha fija y móvil y TV paga. El Enacom, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aún deben expedirse sobre la salida de Werthein de Telecom.
Con 19,5 millones de líneas móviles, 1,7 millones de accesos de banda ancha y 3,9 millones de líneas fijas en servicio, Telecom Argentina estaba controlada hasta 2013 por Telecom Italia con el 68% de las acciones de Sofora, mientras que un 32% estaba en manos del Grupo Werthein. Fintech adquirió entonces a Telecom Italia un 17% de las acciones y en 2014 pagó USD 960 millones por el 51% restante en manos de los italianos, que en un principio fue rechazada por los reguladores pero, tras el decreto 267/15 que derogó parcialmente las leyes de servicios audiovisuales y telecomunicaciones, se aprobó la compra durante 2016.
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