Reclaman mecanismos más ágiles y simples contra la piratería

Organizado por TodoTV Media y Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property Consulting (LAAPIP), la industria audiovisual se reunió en el Four Seasons Buenos Aires con el objetivo de hacer una actualización de las herramientas jurídicas necesarias para detener el creciente flagelo de la piratería audiovisual por el streaming de contenidos y la multiplicación de IPTV ilegales.

En un sector acostumbrado a crecer tanto en abonados como en publicidad, que sobrepasa los 1000 millones de abonados mundialmente, el problema comienza cuando el OTT crece tres veces más que la tradicional de TV paga en los últimos años, y más aún cuando muchos de ellos no pagan por tener cajas (Set Top Boxes) que reproducen ilegalmente contenidos que se están vendiendo a nivel global.

En este sentido, el VP de Content Protection LATAM de la Motion Pictures Association of America (MPAA), Ygor Valerio, realizó una demostración en tiempo real de un ecosistema con sistema operativo Android, ya listo apuntando a servidores específicos controlado por los mismos fabricantes de la caja (STB) y diferente a cómo funciona el software y plataforma abierta ilegal Kodi, que tiene más de 40 millones de usuarios activos a nivel mundial.

El set top boxes con contenido ilegal, denominado h.tv, tiene un costo de USD 300 en Brasil y permite el acceso a 170 canales en vivo y una oferta de contenido VOD, adaptando su contenido al idioma local del país: 4600 películas y 529 series, y además más de 150 infantiles, tiene la capacidad de leer la señal local de cada zona. Para evitar este robo o retrasmisión no consensuada se tiene que realizar un bloqueo de IP, generalmente alojado en un CDN, pero la caja puede buscar contenidos en otros lugares a través de software. Y para ello se necesita celeridad de la Justicia.

“Un juez de nuestros países no va a dar un amparo diario para bloquear el ISP. Pero en muchos países el bloqueo es simple. El gremio de la TV paga cree que se necesita una voluntad política para cambiar viejas leyes, con la oportunidad de renovar su legislación como Colombia y Argentina, para adaptarse a la nueva tecnología. El streaming ilegal es robo y hay falta de conocimiento de cómo se roban el contenido, inclusive comprando cajas ilegales a través de tiendas digitales como Amazon o Mercado Libre”, dijo Gustavo Pupo Mayo, Chairman de Television Association of Programmers Latin America (TAP), quien se reunió con funcionarios del Enacom de Argentina y otros ministros del país. Y aclaró que se debe educar a los gobiernos y público para que estos STB ilegales tengan prohibida su entrada y venta en el país, como sucede con Roku en México, que puede buscar contenido de forma ilegal.

“Este flagelo afecta a todo el ecosistema comenzando por nuestra rentabilidad, competitividad y en consecuencia los niveles de inversión. Además afecta al Estado porque deja de percibir gran cantidad de dinero en impuestos, que calculamos serían en USD 278 millones en Argentina”, señaló Sergio Veiga, presidente de CAPPSA. Por eso apuntan a un marco regulatorio con mecanismos de defensa que sancione estas prácticas ilegales, con diálogo entre el sector privado y el Gobierno, pero que además tengan un proceso de notificación y baja inmediato de contenidos piratas.

“Tiene que haber un avance jurídico porque estos equipos o decodificadores, como h.tv, solos sirven para propósitos de contenidos ilegales. Por otro lado, en Europa comienza el análisis de los límites y el concepto de responsabilidad civil y criminal para ISP para que ofrezcan un puerto seguro y sean responsables de la distribución de contenido ilegal”, comentó Valerio, mucho más aún cuando el último reporte de Cisco devela que en 2020 un 80% de banda ancha será consumo de video y, de esta cifra el 20% por IPTV.

© Newsline Report 2018