En el marco de Conecta México, expertos en la industria pusieron el tema en la mesa, resaltando las normas y políticas públicas en la Ciudad de México. Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), asegura que la administración mexicana incurriría en una vulneración del tratado comercial con EE UU y Canadá, así como los tratados en materia de protección a la inversión.
“Esta medida podría hacer que el gobierno buscara forzar a los organismos federales y estatales a contratar los servicios de Atlán para que sea rentable, lo que dejaría nulos los contratos con operadores privados y distorsionaría la competencia. Podría pasarnos lo mismo que al sector energético, provocando muchos arbitrajes internacionales”.
Por su parte, Rebeca Escobar, titular del Centro de Estudios del regulador de telecomunicaciones IFT, afirma que se debe revisar a la brevedad esta situación, ya que “si el gobierno pretende actuar como operador de telecomunicaciones, debería hacerlo en zonas rurales”.
Esta medida del gobierno mexicano, se utilizaría para cumplir su meta de cobertura universal de internet.En el marco del programa Internet para Todos de CFE-TEIT, unidad de telecomunicaciones de la eléctrica CFE, el presidente anunció que pretende utilizar ambas empresas para acelerar la conectividad en zonas rurales.
Esto implicaría una inversión de US$150 millones por parte de un banco de desarrollo para mantener las operaciones de Altán.
Cabe resaltar que omo parte de la prórroga, el regulador determinó que el consorcio debe dar cobertura a por lo menos el 70% de la población para el 30 de noviembre, mientras que el hito de 92,2% se postergó de 2024 a enero de 2028.
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