La dependencia peruana publicó una resolución ministerial que determina que las conexiones a la banda ancha fija y móvil tienen que ser de al menos el 70 por ciento respecto al nivel de rapidez que estipulan los contratos de los consumidores. También establece que el servicio de Internet fijo debe tener velocidades de descarga y carga mínimas de 20 y 7 Mbps, respectivamente; mientras que el Internet móvil tiene que cumplir con niveles de rapidez de bajada y subida de 5 y 2 Mbps, en cada caso.
Organizaciones como la GSMA y la Asiet, la industria y especialistas advierten que los efectos de la nueva regulación serían negativos para los usuarios y el mercado, en el ámbito social, técnico y económico. Uno de los mayores riesgos es el de profundizar la brecha digital. La industria advierte que la medida es técnicamente inevitable, dado que hay factores externos que los operadores no pueden controlar, como el suministro eléctrico, las condiciones geográficas o la presencia de edificios que obstaculizan la conexión.
Además, DN Consultores explicó que la normativa únicamente podría cumplirse con una relación simétrica en el servicio de internet, es decir, la misma rapidez de bajada y subida. Para alcanzar esa simetría, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones dijo que se necesitaría forzosamente la fibra óptica.
El despliegue de la fibra óptica aún es insuficiente en Perú. Y aunque ya hay disponibilidad de conexiones basadas en fibra, apenas el 10 por ciento de los consumidores cuentan con ese tipo de servicios. La migración a la fibra depende del componente de despliegue tecnológico. Por ello, en lugar de incentivar la modernización tecnológica, se prevé que la ley de velocidad mínima ralentizaría la implementación de fibra. Los operadores preferirán mantener conexiones de menor rendimiento, cuyos parámetros de velocidad sean más realistas de cumplir con las redes actuales.
Al respecto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones advirtió que incrementar el umbral mínimo de velocidad de Internet por sí misma no es una medida con un impacto positivo en la expansión de la conectividad de calidad, como pretende el gobierno.
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